El Parlamento Europeo vota hoy un informe que pretende imponer el 'matrimonio gay' a todos los países de la Unión

No es la primera vez que la comision LIBE (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior) del Parlamento Europeo de Estrasburgo trata de vulnerar el principio de subsidiariedad, reconocido en el artículo 5 del Tratado de Lisboa.

El informe, iniciativa de Laura Ferrara, del Grupo EFDD, reclama a la Comision Europea y a los Estados Mimebros en su artículo 85 que ajusten sus legislaciones nacionales para reconocer el matrimonio o la cohabitacion entre personas del mismo sexo como un "derecho civil". Según juristas consultados por Religión Confidencial, Ferrara, con este informe, comete una intrusion legislativa de cada nación miembro al no respetar sus Constituciones o leyes nacionales, incluidos logicamente aquellos países que reconocen explícitamente el matrimonio como una unión de hombre y mujer.

El ya conocido como Ferrara Report considera en su citado articulo 85 que hay más probabilidades de que los derechos fundamentales de las personas LGBTI sean protegidos si tienen acceso a instituciones jurídicas como la cohabitación, la unión de hecho registrada o el matrimonio; y acoge con satisfacción que en la actualidad diecinueve Estados miembros ofrezcan ya estas posibilidades, al tiempo que pide a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de comenzar a ofrecerlas.

Reitera, por otra parte, su llamamiento a la Comisión para que presente una ambiciosa propuesta normativa que garantice el reconocimiento mutuo de los documentos acreditativos del estado civil, incluidos el reconocimiento jurídico de género, así como los matrimonios y las uniones de hecho registradas -incluidos sus efectos jurídicos- a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas que ahora afrontar los ciudadanos europeos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación.

En otro artículo, el 68, reconoce que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales y un componente esencial de la dignidad humana -en ellos también incluye la igualdad de género y la autodeterminación personal-. Acto seguido, insta a la Comisión a que, en su próxima Estrategia Sanitaria de la UE, incluya la salud y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales a fin de "garantizar la coherencia entre la política interior y exterior de la UE en materia de derechos fundamentales".

En su artículo 69 plantea que la negativa a practicar abortos constituye "una violación grave de los derechos fundamentales" y en su artículo 70 pide a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, reconozcan "el derecho de acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos y a la educación sexual en las escuelas"; también insta a la Comisión a que complemente las políticas nacionales para mejorar la salud pública, manteniendo al Parlamento Europeo plenamente informado al respecto.