La firma

 

Libertad religiosa

 

Un legislador ecuatoriano propone que el Estado obligue a los sacerdotes y consagrados católicos a casarse. O cuando la libertad religiosa pretende ser violada por un legislador

 

 

18/07/2018 | por Carlos Álvarez Cozzi


 

 

“No representa de manera alguna la posición oficial de nuestro bloque”, han señalado los parlamentarios de su grupo. Pedro Curichumbi es asambleísta desde el año 2017 y pertenece a grupos cristianos evangélicos de Ecuador.

Pedro Curichumbi Yupanqui ocupa el escaño -curul- número 100 de la Asamblea Nacional de Ecuador en representación de la provincia de Chimborazo por la alianza minoritaria CREO-AMAUTA YUYAY y es licenciado en Ciencias de la Educación.

Curichumbi se ha hecho famoso a nivel internacional en las últimas horas por proponer el pasado 12 de julio en sede parlamentaria que el Estado obligue a los presbíteros y monjas de la Iglesia católica a casarse, como medio de supuesto remedio a los casos de abusos sexuales que han afectado a algunos miembros de la institución y que han sido revelados con profusión en los últimos años en diversas naciones.

El diputado, de obediencia cristiana evangélica, propuso que “los sacerdotes y las monjas de la Iglesia católica celebren matrimonios para que definitivamente no produzcan violación a menores” (sic).

Si no fuera tan pintoresca la noticia hubiera pasado inadvertida. Pero el disparate es tan mayúsculo que merece ser comentado.

En primer lugar: el Estado no inventó el matrimonio. Simplemente reconoce una realidad natural que le preexiste.

Tampoco puede establecer su obligatoriedad para nadie. Ni para laicos ni para sacerdotes ni para monjas o consagrados.

¿Por qué motivo? Pues porque en primer lugar el matrimonio supone una vocación o llamado y además es un derecho, nunca una obligación.

Y menos para los religiosos que han hecho voto de castidad con entrega total a Dios.

Ni para los presbíteros de la Iglesia Católica, que aún en el caso de seculares tienen en la Iglesia latina un compromiso celibatario intrínseco y condicionante a su ordenación sacerdotal, para dedicarse plenamente al Reino de los Cielos, con un corazón entero sólo para El y no dividido entre Dios y su esposa y familia.

Con el mismo derecho que la Iglesia ortodoxa o las comunidades eclesiales separadas ordenan hombres casados.

El pretendido argumento de este sorprendente legislador, que lamentablemente se dice evangélico, es para que no haya más abusos a menores cometidos por el clero o por religiosos. Ignora que quienes cometen estos abusos son generalmente pederastas, es decir, personas enfermas, que no lo hacen por ser célibes sino por padecer de una patología. Como sucede también entre personas laicas.

Lo que es realmente grave es que haya funcionarios públicos que pretendan desconocer la libertad religiosa de manera tan burda y grosera.

Sabemos que nadie ha acompañado en Ecuador a esta alocada propuesta, pero vale la pena levantar la voz ante el intento descabellado de atropello de la libertad de cultos y en defensa de la Iglesia Católica.

Pero, además, la Constitución de la República del Ecuador reconoce la libertad de cultos. Es decir, que las Iglesias reconocidas por el Estado, y con personería jurídica, tienen autonomía en su funcionamiento. Por tanto, la propuesta no sólo es inconstitucional sino totalmente absurda.

Cabría preguntarle a este señor si el mismo Jesucristo que permaneció célibe, entregado totalmente al Reino de los Cielos en su vida privada y pública, a su juicio fue un potencial abusar por esa condición.

La respuesta se encuentra en la misma pregunta.