Colaboraciones

 

Sobre la ley natural

 

19 noviembre, 2020 | Javier Úbeda Ibáñez


 

 

 

 

 

Lo que antes era evidente, ahora no lo es tanto. ¿Se pueden casar con todos los derechos dos personas del mismo sexo? ¿Quién y por qué decide si una vida es digna de vivirse o no? ¿La madre puede disponer del ser que aún lleva en su vientre? Cuestiones que antes se veían claramente como buenas o malas, ahora la sociedad las pone en duda. Los valores basados en el humanismo cristiano se ponen entre paréntesis y lo obvio ya no lo es tanto. ¿Es suficiente apelar a lo que marca la ley, a lo que dice el 51% de los parlamentarios para que algo sea lícito o no?

En un primer momento tenemos que aceptar que no toda ley, aunque sea legítimamente constituida, es ya de por sí buena. Recordemos, como clásico ejemplo, que Hitler ascendió al poder de manera democrática, y no hay nadie en su justo juicio que apruebe las leyes de tal gobierno. Si aceptamos que la norma definitiva de nuestro actuar es la ley civil, haremos de la moralidad, de lo bueno y de lo lícito, un instrumento en manos del partido en turno o de grupos de poder económico e ideológico con pocos escrúpulos. Hay cosas que por su naturaleza son buenas o malas, y, por lo tanto, inaceptables, aunque reciban el consenso de la mayoría. La Iglesia Católica, apoyándose en una rica tradición filosófica, cree encontrar este baluarte, fundamento de toda moral y legislación, por el que se puede discernir entre el bien y el mal por encima de las leyes civiles: la ley moral natural.

La ley natural es el principio que «expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir, mediante la razón, lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1954).

La ley natural es ese conjunto de «instrucciones de uso» que el Creador ha puesto en el hombre para su «buen funcionamiento», con la peculiaridad de que el hombre, a diferencia de los artefactos y de los otros seres vivientes, puede conocer sus propias leyes. Por su inteligencia es capaz de conocer la ley natural y de seguirla o no seguirla, aunque sabe que al no seguirla actúa erróneamente. La ley natural se nos manifiesta de modo inmediato, casi intuitivo. Por eso sentimos la inclinación, podríamos decir «quasi innata», sin que nadie nos lo diga de hacer el bien y evitar el mal, de respetar la vida y los bienes de los demás, de cumplir los pactos contraídos, de decir la verdad, aunque a veces se sientan dificultades en percibirlo o haya que vencer nuestras inclinaciones al mal.

Cicerón, el más grande orador romano, afirma: «Existe una ley verdadera, una razón recta, conforme a la naturaleza, presente en todos, invariable, eterna, tal que interpela a los hombres con sus mandatos a hacer su deber o a impedirles hacer el mal. Esta ley no es diversa en Roma o en Atenas. No es diversa ahora o mañana. Es una ley inmutable y eterna cuyo único autor, intérprete y legislador es Dios» (De republica III, 22, 33).

Si una ley viola la ley natural, dice santo Tomás de Aquino, no será más ley, sino corrupción de la ley «non erit lex, sed legis corruptio» (S. Th. I-II, q. 95, a. 3). Pero si una ley escrita es conforme a la ley natural, obedecerla es un deber.

«La ley inscrita en la naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno para poder vivir libre y respetado en su dignidad», dijo Benedicto XVI (Congreso Internacional sobre el Derecho Natural organizado por la Pontificia Universidad Lateranense, febrero de 2007). «La verdadera garantía», pero bien podemos decir la única garantía. Si cayese la ley natural, caería el fundamento absoluto de la dignidad humana y toda ley sería mutable y relativa. Los derechos humanos dependerían de lo que dicte la mayoría de los votos. Sin el parapeto de la ley y el derecho natural, el hombre está a merced de lo que dicten personas poderosas, pero sin ningún escrúpulo de conciencia. Entonces no hay ningún impedimento para hacer de las personas auténticos conejillos de Indias, para hacer de los embriones un banco de órganos, para llenar en poco tiempo los bolsillos de los abortistas, o para eliminar enfermos terminales y ancianos en los hospitales ahorrando un poco del erario público.