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"EL ZORRO PIERDE EL PELO PERO NO LAS MALAS MAÑAS..."
ARCA no participará “en ningún acuerdo de mediación” y exige “el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición” de viviendas ilegales.
Francisco Javier Toraya | 04/02/2020
Es muy codiciada la "medalla" que puede obtener aquella Administración, Asociación o Colectivo que aporte la solución a la lacra que suponen los derribos en Cantabria. La inseguridad jurídica que existe en Cantabria en el apartado del Urbanismo tampoco ayuda mucho ciertamente.
El Ayuntamiento de Piélagos bajo el mando del PSOE - PRC, con distintos socios de gobierno en estas dos legislaturas ha intentado ser la Administración portadora de la "Medalla de los Derribos". De una manera, a mi entender, alocada, redactó un Plan de Derribos para intentar satisfacer y cumplir los plazos que intentaban imponer los tribunales de Justicia. El principal error que cometía el Plan de Derribos era que comenzaba con derribar la segunda fase completa en Cerrias, lo cual no parecía muy lógico porque, puestos a empezar seria la primera fase el punto de partida, y desoyendo a algunas voces especializadas que querían que el Plan de Derribos se ciñera exclusivamente a la parte comprendida entre los cien primeros metros del Deslinde, ante la posibilidad de que el resto de viviendas al estar en suelo urbanizable se pudieran salvar.
De alguna manera el Gobierno Regional, a través del Consejero de Obras Públicas y Urbanismo en reunión mantenida con el Presidente del Tribunal de Justicia de Cantabria, ha sido más racional y presentará un nuevo Plan de Derribos donde se irán "dando pasos sobre todo en aquellas situaciones en las que el planeamiento general no contemple la posibilidad de poder construir", además, apuntó que "lo que tiene sentido sería empezar siempre por la costa y no por las viviendas que están más hacia el interior". El Consejero Gochicoa de esta manera desacredita el Plan presentado por el Ayuntamiento de Piélagos por manejar líneas de actuación totalmente distantes, quizás fruto de la improvisación, o quizás por otro tipo de intereses.
Para poder llevar a cabo el Plan de Derribos presentado por el Gobierno Regional es necesario un buen entendimiento de las partes afectadas: El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el propio Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la Asociación Ecologista ARCA. Atendiendo a esta necesidad, se propone la figura del "Mediador", con la finalidad de lograr que el sentido común impere y se puedan llegar a soluciones menos lesivas para los afectados, a la vez que deje contentas a todas las partes afectadas. Sin embargo, la noticia que surge hoy 4 de febrero, da un giro radical, y parece que la Asociación ARCA no reconoce tras una asamblea de socios algo convulsa la figura del "Mediador" pese a haber mostrado su conformidad por escrito ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1.
Fco. Javier Toraya Muñoz
Liencres
FUENTES:
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/bronca-interna-obliga-20200204225900-ntvo.html
ARCA no participará “en ningún acuerdo de mediación” y exige “el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición” de viviendas ilegales
Derribo de viviendas con sentencia de demolición
03/02/2020
ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha decidido no participar “en ningún acuerdo de mediación” y ha exigido a las Administraciones implicadas que “acaten y ejecuten el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin distinciones ni más aplazamientos”. “A tenor de las recientes declaraciones realizadas a los medios por diversos representantes del Gobierno de Cantabria en las que se involucraba a ARCA en un acuerdo de mediación, ARCA valora este acuerdo como una nueva técnica dilatoria destinada a seguir garantizando la impunidad de la Administración y el desistimiento del demandante”, ha advertido en un comunicado la asociación ecologista, que considera que la mediación es “el último truco con el que se intenta montar un artificio nuevo para evitar y alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias”. “Coherentes con los fines de nuestra asociación en la defensa del medio ambiente, y de los usos adecuados y sostenibles del territorio para beneficio del interés general, valoramos de máxima importancia la ejecución efectiva de todas las sentencias para que estos desastres urbanísticos no vuelvan a repetirse”, ha advertido ARCA.
“Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de Cantabria contra el poder judicial”
“Desde que las sentencias fueron firmes, los distintos gobiernos de Cantabria de distinto signo (PP, PSOE y PRC) a lo largo de varias legislaturas han utilizado sus redes de poder político institucional e influencia social, para boicotear el cumplimiento de las sentencias”, ha denunciado la asociación ecologista, que ha insistido en que el urbanismo “está fuera del campo de la mediación” y que la mediación “constituye una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación y la prolongación de la agonía que vienen padeciendo los afectados”. “Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de la comunidad de Cantabria contra el poder judicial, un escándalo de primer orden que socava los principios básicos de la democracia, una vergüenza para nuestra comunidad, protagonizada por nuestros representantes públicos de diferentes partidos e ideologías”, ha asegurado. “Lo que debe hacerse es aceptar y asumir la aplicación íntegra de las sentencias por parte de los responsables de las infracciones urbanísticas cometidas, la comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados, y sin más dilaciones proceder a reparar el daño causado a todos los afectados de buena fe, restituyendo la legalidad urbanística vulnerada mediante la ejecución de todas las sentencias sin distinción”, ha añadido ARCA.
La asociación ecologista ha recordado que “hace 15 años que se hizo el primer plan de derribos, denegado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, porque apenas se derribaba nada de lo sentenciado”, que “posteriormente se hizo la primera ley del Parlamento para los derribos, que fue declarada inconstitucional”, que “51 días después de la sentencia, se hace la segunda ley anti-derribos, que igualmente es declarada inconstitucional” o que “posteriormente, para seguir dilatando los procedimientos en el tiempo, se adopta la idea de crear el conflicto artificial de si los pagos han de hacerse antes o después de demoler; el Tribunal Constitucional responde que basta con que la Administración garantice dicho pago”. “Como la realidad es que no hay voluntad política alguna de ejecutar todas las sentencias judiciales de derribo, en el año 2019 la Administración autonómica se inventa un nuevo truco para seguir prorrogando indefinidamente la ejecución de las mismas: la figura del mediador”, ha añadido. “Entendemos y reiteramos que este es el último truco, con el que se monta un artificio nuevo para alargar indefinidamente la ejecución de las sentencias: una nueva técnica dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la Administración y el desistimiento del demandante”, ha insistido ARCA.
El Gobierno actualizará el Plan de Derribos en "dos o tres meses" y cree que esta legislatura será "la definitiva"
Reunión consejero de Obras Públicas y presidente TSJC,
03/10/19
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se ha comprometido a actualizar el Plan de Derribos en un plazo de "dos o tres meses", y ha considerado que esta legislatura tiene que ser la "definitiva" para dar solución a todos los problemas de las viviendas afectadas.
Así se lo ha trasladado el consejero, José Luis Gochicoa, al presidente del Tribunal Superior Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, con quien se ha reunido este jueves para abordar la problemática de los derribos.
En declaraciones a la prensa posteriores a la reunión, Gochicoa ha señalado que el TSJC ha visto "con buenos ojos" el planteamiento de la Consejería, basado en establecer una nueva planificación temporal en esta legislatura para abordar los problemas "de forma realista", ya que el Plan de Derribos actual ha quedado "desfasado".
Así, ha insistido en que desde la Consejería están "totalmente volcados" para dar en esta legislatura una solución "real y definitiva" a este problema, ya sea mediante indemnizaciones, ofreciendo viviendas de sustitución o legalizando alguna vivienda si es posible.
En este sentido, ha dicho que están haciendo "todo el esfuerzo posible" y que han mantenido varias reuniones con los afectados y con los Ayuntamientos implicados, fruto de las cuales "parece que se va a aprobar hoy mismo" el Plan de Argoños, que incluye las correcciones a cuestiones que creían que "no eran correctas" para actuar con "la mayor brevedad posible.
No obstante, ha destacado que es necesario actuar conforme a la legislación y que en el ámbito urbanístico es "muy complicado" aprobar los planes, aunque ha confiado en que el próximo año podría haber ya viviendas derribándose.
FONDO DE 6,4 MILLONES
A preguntas de la prensa por la hoja de ruta que marcan en torno a este asunto los Presupuestos de 2019, Gochicoa ha explicado que cuentan con un fondo de 6,4 millones de euros, del que se han gastado unos 4 millones porque "no ha sido posible ejecutar más".
Así, el dinero restante del fondo --que contemplaba actuaciones en las zonas afectadas, como Escalante, Arnuero, Cerrias y el Alto del Cuco-- se derivará a años sucesivos.
El consejero ha considerado que la cantidad gastada "no está mal" y ha indicado que se ha utilizado para acciones como la restauración del Alto del Cuco, un fondo para Gesvican para la redacción del proyecto, los estudios y un anticipo de las obras en Arnuero, o la adquisición de algunas viviendas afectadas y que ya están en poder de la administración autonómica para poder efectuar su derribo "cuando se desee".
En cuanto a Cerrias, Gochicoa ha manifestado que existen dos autos diferentes y que las 17 viviendas que están más próximas a la costa no son las primeras en derribar, un aspecto que la Consejería entiende que es necesario modificar y que planteará en el nuevo Plan de Derribos para llevar al proceso de mediación.
MEDIACIÓN
Por otro lado, el consejero y el presidente del TSJC han abordado en la reunión el tema de la mediación, una medida "positiva" que, tal y como ha dicho Gochicoa, podrá definir la forma en la que se van a ir ejecutando las sentencias, bajo la supervisión de los jueces, intentando comenzar por aquellos terrenos afectados que no sean susceptibles de edificación.
AMA muestra su "gran preocupación" y el "miedo" ante los autos inminentes de derribo
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, se reúne con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Raúl Lucio | 28/01/20
El nuevo plan de derribos del Gobierno de Cantabria tiene como objetivo acabar con este problema definitivamente en 2023, fecha en la que prevé el derribo de las viviendas de Arnuero, puesto que a finales de 2022 ya estarán construidas las de sustitución y ya se habrán aprobado los planes generales de Piélagos y Argoños.
"Nuestro objetivo es que en esta legislatura todos los problemas estén perfectamente solucionados", ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, quien considera que se trata de un hecho "factible" en el que se irá avanzado año a año.
El consejero ha precisado que la actualización del plan de derribos ya cuenta con un primer borrador que se dará a conocer a los ayuntamientos, y una vez consensuado con ellos, se trasladará al poder judicial y a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
De hecho, Gochicoa ha informado a hoy AMA de este avance en una de las reuniones que mantienen periódicamente, en la que también ha anunciado que la memoria ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos ya está redactada y antes de final de este mes se remitirá al Ayuntamiento para que pueda proceder a la aprobación inicial del planeamiento.
Unos anuncios que no han servido para reducir la "gran preocupación" de AMA por las viviendas con autos inminentes de derribo que podrían contemplarse como legalizables en los futuros planeamientos, ha señalado su portavoz, Antonio Vilela, quien ha pedido "ponderación" a los jueces porque después de esperar "años" para acometer los derribos, también se pueden "esperar unos meses" más, ha defendido.
Durante la reunión, el consejero también ha explicado que su departamento está esperando que el Ayuntamiento de Argoños le remita el documento de toma en consideración de las alegaciones de la última información pública para, a partir de ahí, redactar la memoria ambiental "en el menor tiempo posible" y así el Consistorio pueda proceder a la aprobación inicial del PGOU.
PLAN DE DERRIBOS
El nuevo plan de derribos es de legislatura y contempla actuaciones concretas cada año, empezando por el actual, con la intención de cumplir todas las medidas previstas para 2023.
Así, Gochicoa ha explicado que se irán "dando pasos sobre todo en aquellas situaciones en las que el planeamiento general no contemple la posibilidad de volver a construir". "Ahí es donde tenemos que hacer mayor hincapié, en los tiempos más próximos, precisamente para atender aquellas situaciones en las que no es posible otro tipo de vía más allá que el derribo de las urbanizaciones", ha señalado.
En este sentido, ha concretado que el plan propone que Cerrias sea una de las primeras actuaciones a desarrollar, empezando por las viviendas de la costa. "Lo que tiene sentido sería empezar siempre por la costa y no por las viviendas que están más hacia el interior", ha observado.
El "punto álgido" del plan, según el consejero, es la construcción de las viviendas de Arnuero. Ya disponen de un proyecto básico y próximamente se realizará una valoración de las viviendas para que los afectados tengan "la aprobación definitiva de las viviendas junto con la vivienda de sustitución, que ya todos conocen, para que decidan qué alternativa consideran".
En función de su decisión se finalizará el proyecto constructivo, que será "un trámite muy breve", y se iniciaría el procedimiento de licitación, de modo que la obras estarían en ejecución a final de año o principios de 2021. A finales de 2022 estarían "totalmente terminadas" y en 2023 se podrían ocupar, de modo que podría comenzar el derribo de las viviendas de Arnuero.
"Estamos hablando de algo que es perfectamente factible y que sería la finalización de todo este proceso", ha subrayado el consejero, que ha precisado que "mucho antes" ya se habrían aprobado los PGOU de Piélagos y Argoños. "El resto de soluciones son más facibles, con un plazo de tiempo menor", ha indicado.
Gochicoa no ha avanzado el coste del plan, que no se dará a conocer hasta que no esté consensuado, pero ha recordado que este año se contempla una partida de 6,3 euros y dentro del documento, "las viviendas que dentro del planeamiento no están contempladas como posibles, serán las primeras en ser indemnizadas para que puedan ser las primeras en ser derribadas", ha asegurado. Al respecto, tampoco ha precisado el número de viviendas que no podrán ser regularizadas recogidas en el plan.
AMA
Mientras, el portavoz de AMA ha trasladado el "miedo" de los afectados a que se puedan derribar viviendas que pudieran contemplarse como legalizables en los nuevos planeamientos.
"Tenemos autos de viviendas que pueden ser derribadas en un espacio de tiempo muy corto y nos preocupa muchísimo porque el miedo que tenemos es que se puedan derribar las viviendas cuando en los planes generales en los que se está trabajando se contemplan como regularizables. Y porque podemos estar ante el hecho absurdo de que se derribe una vivienda que luego un plan general contemple como legalizable", ha subrayado.
"El miedo que están pasando estas familias con estos autos es terrible. De hecho algunas están buscando ya dónde meter sus muebles; gente con más de 80 años que está en una situación lamentable y es muy injusto porque no tienen culpa", ha lamentado.
Por eso ha pedido a los jueces que tengan "ponderación" a la hora de efectuar las ejecuciones de sentencia. "Si después de estar esperando durante tantos años, por unos meses podemos derribar algo que ya no tiene solución y nos encontramos ante una situación tremendamente injusta".
Además, ha reclamado que no haya "afectados de primera y de segunda", sino que todos puedan tener su convenio. Sin embargo, actualmente hay más de 60 familias sin convenio con la administración "y su único pecado es que la administración condenada es un ayuntamiento y no es el Gobierno". Vilela ha pedido a las administraciones autonómica y locales que "se hagan lo antes posible estos convenios porque a esta gente no se le puede dejar tirada ni en situación de inferioridad".
Respecto a la creación del fondo para los derribos, ha denunciado que no contempla los 53 millones previstos. "Las explicaciones que nos ha dado el consejero las podemos comprender pero nos gustaría que apareciera una cantidad que se ha certificado y que la ha dicho el propio presidente de Cantabria", ha reivindicado Vilela.
El portavoz de AMA ha pedido al Gobierno y a los ayuntamientos que "hagan un esfuerzo real" para que antes de acabar este año los planes generales estén aprobados definitivamente "y los jueces puedan decidir qué viviendas pueden cumplir la legalidad y a cuáles hay que indemnizar o dar una vivienda de sustitución".
