Conferencia Episcopal
La Comisión Asesora del PRIVA cumple su primer año de trabajo con 89 solicitudes recibidas y cerca de la mitad ya resueltas
17/09/25
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), organismo creado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha cumplido su primer año de trabajo con un balance significativo: 39 dictámenes de reparación integral aprobados, que se traducen en indemnizaciones económicas de entre 3.000 y 100.000 euros para cada caso.
Proceso de reparación integral
- 89 solicitudes en un año
- Reparación económica, terapéutica y preventiva
- Respeto absoluto a la privacidad de las víctimas
- Procedimiento de solicitud
Una reunión de la Comisión Asesora del PRIVA,
en una fotografía de archivo.
CEE
Proceso de reparación integral
El PRIVA se ocupa de aquellos casos en los que la justicia ordinaria ya no puede intervenir: abusos a menores o a personas vulnerables por discapacidad intelectual cometidos por clérigos, religiosos o laicos con misión pastoral, cuando los delitos han prescrito o cuando el agresor ha fallecido o es inimputable.
El objetivo es ofrecer un proceso de reparación integral basado en criterios jurídicos y terapéuticos, con resoluciones que se dictan habitualmente en un plazo máximo de tres meses desde que se recibe la documentación necesaria.
89 solicitudes en un año
Desde febrero de 2025, cuando comenzaron a tramitarse los primeros casos, hasta septiembre, la Comisión ha recibido 89 solicitudes de reparación integral. De ellas, 32 corresponden a abusos en diócesis y 57 a congregaciones religiosas. En 40 de los casos la documentación se ha completado y, hasta ahora, se han dictaminado 39 resoluciones de reparación.
El resto de solicitudes están pendientes de recibir los informes de las instituciones eclesiales y de las aportaciones de las víctima.
Es a partir de esta documentación cuando se empieza a trabajar en el dictamen de reparación integral, cuya resolución se ha realizado en la mayoría de los casos en un tiempo no superior a tres meses.
Reparación económica, terapéutica y preventiva
La reparación integral que propone la Comisión no se limita a la indemnización económica por daño moral. Incluye también:
Retribución de gastos de salud y terapéuticos derivados de los abusos sufridos, además del compromiso de las instituciones de cubrir futuros tratamientos.
Recomendaciones a diócesis y congregaciones religiosas para garantizar un proceso de acompañamiento y sanación de las víctimas.
Medidas de prevención y formación destinadas a evitar que hechos similares se repitan.
Este enfoque pretende evitar la revictimización y asegurar que el proceso no genere un sufrimiento añadido a quienes solicitan reparación.
Respeto absoluto a la privacidad de las víctimas
Durante su primer año, la Comisión ha elaborado su propio Reglamento de actuación, los baremos aplicables para las indemnizaciones y los documentos que regulan los procedimientos de solicitud y resolución. Todo ello, según sus responsables, busca garantizar independencia, rigor y respeto absoluto a la privacidad de las víctimas.
El organismo está compuesto por 10 miembros: un representante de la Conferencia Episcopal Española, uno de CONFER (Conferencia Española de Religiosos), y ocho profesionales independientes. Entre ellos hay cuatro expertos del ámbito judicial, fiscal, universitario y de cuerpos jurídicos del Estado, y cuatro terapeutas con experiencia en atención a víctimas de abusos. Todos ellos trabajan de forma voluntaria, con el compromiso de aportar experiencia, independencia y sensibilidad.
Procedimiento de solicitud
El acceso a la reparación se realiza mediante un formulario disponible en la web oficial www.paradarluz.com/priva. Tras recibir la solicitud, la Comisión contacta con la institución eclesial donde se produjeron los hechos y solicita la admisión a trámite y la documentación necesaria. Una vez recibidos los informes, los miembros de la Comisión trabajan el caso en grupos y en sesiones conjuntas hasta elaborar un dictamen de reparación integral.
El dictamen final se envía al obispo diocesano o al superior de la congregación religiosa responsable, que lo transmite a la víctima. En los casos en que la reparación no pueda ser asumida directamente por la institución implicada, son la Conferencia Episcopal Española o CONFER quienes responden subsidiariamente.
