Diócesis
Las hermanas mayores, que no residen en Orduña (Vizcaya) por su propia voluntad, quedan excluidas del desalojo, porque se dirige contra aquellos que no tengan título legal para residir en el inmueble
21/11/25 | Marta Santín
El conflicto jurídico y eclesial en torno a las ex monjas de Belorado ha sumado un nuevo capítulo. "El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao notifica hoy día 20 de noviembre de 2025 la demanda de desahucio por precario interpuesta por el arzobispo de Burgos contra los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio de Santa Clara de Orduña, es decir, todos". Así lo han hecho saber en un comunicado los letrados de las ex religiosas.
- El comunicado de las ex monjas: “Un desahucio contra todos”
- Las hermanas mayores tienen título legal
- No residen por su propia voluntad
- "Detener este atropello"
- La ex comunión conlleva la expropiación
- La Federacíón de clarisas velará por las mayores
Rueda de prensa de las ex monjas de Belorado.
(Imagen de archivo).
El comunicado de las ex monjas: “Un desahucio contra todos”
En su comunicado, los letrados de las ex monjas de Belorado Florentino Aláez Serrano y Enrique García de Viedma sostienen que la expresión jurídica contra “los ignorados ocupantes” del convento de Orduña, incluiría a todas las personas que habitan el inmueble.
Sin embargo, aunque esta vez desde la Oficina del Comisario Pontificio que dirige Mons. Mario Iceta, arzobispo de Burgos, no han emitido ningún comunicado, fuentes de la Oficina consultadas por Religión Confidencial, han aclarado: "Es evidente que las cinco hermanas mayores quedan excluidas del desahucio, porque se dirige contra los "ignorados ocupantes", es decir, aquellos que no tengan título legal ni autorización alguna para residir en el inmueble".
Las hermanas mayores tienen título legal
Y especifican: "Al constituir la única y verdadera comunidad monástica, las hermanas mayores tienen título legal para residir en el Monasterio: son monjas católicas".
Y por si queda alguna duda jurídica, las mismas fuentes explican que la demanda se introdujo el 15 de noviembre de 2024 pero no ha sido admitida a trámite hasta un año después.
"En ese momento, al residir las hermanas mayores en Belorado no se hacía necesario especificar que la demanda de desahucio no se dirigía contra ellas, como si se hizo en la demanda de desahucio de Belorado (al residir en ese Monasterio)".
No residen por su propia voluntad
El comunicado de los letrados de las monjas cismáticas afirma por otra parte, que en el convento residen actualmente “cinco hermanas mayores, monjas de los monasterios de Belorado y Derio”, acompañadas por “algunas monjas jóvenes [...] que se encargan del cuidado de aquellas”.
Los abogados destacan que estas hermanas mayores vivirían allí “por decisión propia”, y denuncian que el arzobispo —según su interpretación— ya intentó en julio de 2025 separarlas del resto de la comunidad, en un operativo que las religiosas “lograron paralizar” tras convencer a la Guardia Civil.
Para la Oficina del Comisario Pontificio esta versión no corresponde con al verdad: "Las hermanas mayores no residen en Orduña por su propia voluntad sino porque fueron trasladadas desde Belorado por las exreligiosas cismáticas, llevándolas a un Monasterio que no reúne condiciones de habitabilidad, especialmente en invierno".
Además, desde la misma oficina aclaran que el procedimiento al que se hace referencia no ha tenido nunca como fin trasladar por la fuerza a ninguna hermana, sino permitirles que vivan en un Monasterio católico, conforme a sus creencias, "algo que no se viene respetando desde el 8 de mayo de 2024, fecha en la que las monjas clarisas anunciaron su salida de la Iglesia católica.
"Detener este atropello"
Pero los abogados de las cismáticas insisten en la contradicción que, a su juicio, supone que la demanda “reconozca” que en Belorado existe “comunidad monástica formada por las cinco hermanas mayores” y, al mismo tiempo, permita una acción que —de prosperar— podría derivar en su expulsión del convento de Orduña. Los abogados alertan de que, en tal caso, las hermanas quedarían “a la intemperie o bajo su férula”, en referencia al arzobispo o a quienes actúan bajo su autoridad.
Finalmente, califican la demanda de “tamaña barbaridad” y anuncian que las ex religiosas “harán todo lo que esté en su mano "para detener este atropello" y preservar la unidad y subsistencia de todas las hermanas que "por su libre voluntad conviven desde hace muchos años en los monasterios de su propiedad y que desean seguir haciéndolo sin la intromisión de nadie".
La ex comunión conlleva la expropiación
Pero para la Oficina del Comisario Pontificio "no hay ningún atropello, sino la restauración de una legalidad que han quebrantado quienes, libre y voluntariamente, han abandonado la Iglesia católica".
Y es que, como viene explicando Mario Iceta desde que las clarisas anunciaron su salida de la Iglesia católica incurriendo en cisma y, por lo tanto declaradas en excomunión, en ese momento dejaron de pertenecer a la comunidad monástica y, por lo mismo, dejan de ser propietarias de los Monasterios.
La Federacíón de clarisas velará por las mayores
Algo que ya ha resuelto de manera definitiva el Tribunal Supremo, confirmando en todos sus términos la sentencia del TSJ de Madrid. "En consecuencia, queda indiscutida la legalidad de la inscripción del nombramiento de Mons. Mario Iceta como Comisario pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio y, por lo tanto, actúa dentro de su ámbito de responsabilidad y de obligación al garantizar el cuidado de las monjas católicas que en ellos residen", explican las mismas fuentes a RC.
Finalmente, desde la Oficina del Comisario pontificio afirman que no tienen como cometido expulsar a nadie sino permitir que quien ha profesado la regla de Santa Clara lo haga de manera pacífica en un Monasterio católico, perteneciente a la Federación de clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, que es quien velará en todo momento por la salud espiritual de las monjas clarisas. Precisamente, el cuidado de las hermanas mayores ha sido siempre la primera preocupación del Comisario pontificio y de la Federación.
