29/12/2025 | por Grupo Areópago
Juan tiene 78 años. Es viudo. Vive en un pueblo de la provincia de Toledo. Cobra una pensión de 1.200 €; tiene dos hijos, de 40 y 35 años a su cargo; uno de ellos tiene discapacidad y no puede trabajar; y el otro está separado, con un hijo de 7 años a su cargo, y con trabajos temporales. Están en una vivienda de alquiler, pagando 500 €/mes. A Juan le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal y todos los medicamentos no los cubre la Seguridad Social.
El caso de Juan –real con nombre ficticio- es un ejemplo de exclusión social. Cobra pensión: 1.200 € ¿es pobre? Podríamos decir que no porque cobra una pensión, pero sí es una persona en exclusión social, porque la exclusión social va más allá de la pobreza económica; está sufriendo la precariedad laboral o el desempleo (en el caso de sus hijos), familiares a su cargo; falta de salud, falta de participación social, etc…Con 700 € al mes Juan tiene que hacer frente a los gastos del hogar, la alimentación de cuatro personas a su cargo –uno de ellos menor-; la medicación, etc…y todo lo que supone vivir en la sociedad del siglo XXI donde los precios se han disparado en todos los niveles.
Como Juan en Castilla-La Mancha hay muchas personas que sufren exclusión social más o menos severa. Entidades como Cáritas, que ponen en el centro a la persona, acompañan y atienden día a día a personas como él al que dan oportunidades y les ofrecen en la medida de sus posibilidades dignidad a su vida.
Recientemente se ha presentado en Toledo el IX Informe de la Fundación sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha –Informe FOESSA- mostrando una realidad de la exclusión en la región que es preocupante; datos que recogen historias como las de Juan que cada vez va en aumento. En Castilla-La Mancha según este informe la exclusión social afecta al 20% de la población, lo que significa que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones y ya son 428.000 personas en exclusión social.
Según este informe y en relación a 2018 –que fue antes de la Covid19- se ha mejorado en la dimensión en el empleo, aunque ha crecido la precariedad laboral; y ha empeorado la dimensión en la educación, en la salud, en el conflicto y aislamiento social, y sobre todo ha empeorado la vivienda.
Nos encontramos en una sociedad muy polarizada y desigual, donde el miedo y la incertidumbre por el futuro se imponen; una sociedad donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres; se acentúa la pobreza severa; una sociedad marcada por la dificultad de conseguir un empleo que permita vivir dignamente.
En relación a la vivienda esta se ha convertido en el epicentro de la desigualdad, pues el 22% de la población castellano-manchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial. Personas que viven en infraviviendas; se está produciendo el fenómeno de las camas calientes; casas donde conviven hasta cinco familias en tres habitaciones; precios de la vivienda que crecen más rápido que los ingresos y sin perspectivas de bajada. La vivienda es un derecho que FOESSA define como un “derecho fake”. Hoy no se garantiza este derecho.
Ante este panorama, Juan no parece estar esperanzado. No encuentra salida a su situación personal y sobre todo se encuentra preocupado por sus hijos: ¿qué será de ellos? ¿qué será de su nieto de 7 años? Están atrapados –como se titula el corto que ha realizado FOESSA- en una sociedad que poco parece hacer; personas que están en el lado oscuro y que no todos quieren ver; y que desde entidades como Cáritas trabajan insistentemente por garantizar sus derechos y hacer que tengan una vida esperanzada.
Estos datos nos tienen que interpelar a cada uno de nosotros para que entre todos dentro de nuestros ámbitos nos movilicemos y lograr que la brecha de la desigualdad se vaya reduciendo.
Es responsabilidad de todos. Es el momento de actuar por personas como Juan.
GRUPO AREÓPAGO