Tribunas
09/04/2026
¿Está Bolaños de nuevo amenazando a los obispos?
José Francisco Serrano Oceja
El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello
con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Foto de archivo.
No sé si los obispos españoles han leído el amplio reportaje que “The Pillar” ha publicado sobre el recorte que los obispos portugueses le han dado a la propuesta de la Comisión independiente portuguesa de indemnización a las víctimas de la pederastia clerical.
En la pasada reunión plenaria del episcopado portugués, según el citado medio, “los obispos portugueses votaron como conferencia para aplicar un recorte porcentual uniforme a los paquetes de compensación recomendados por un panel independiente, con recortes que se cree que son tan altos como el 50 por ciento”.
El procedimiento de compensación a las víctimas portugués tenía aspectos muy similares al español en su diseño. Allí se constituyó una Comisión independiente de valoración y compensación, una especie de PRIVA, una vez que los casos presentados fueron considerados viables. Una vez estudiado el caso, esa Comisión emitía un informe con una propuesta de cantidad. Quien debía abonar esa compensación, en clave de reparación, era cada obispo o cada superior mayor.
Según se ha publicado, los obispos querían cantidades que fueran homologables a las de otros países. Se tomaron como modelos experiencias europeas similares, un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 60.000 euros en Francia, y 50.000 en Alemania, pero ajustada a la realidad Portugal. También se tuvo en cuenta la jurisprudencia con respecto a los daños en delitos de esta naturaleza.
En la Plenaria última se produjo la decisión del recorte. Es decir, de la adaptación a los criterios de la jurisprudencia nacional y de la realidad del país vecino.
Vengámonos a España. Aquí estaba, y está, se entiende, funcionando el PRIVA, que ya ha asentado unos criterios y que los está aplicando sin problemas. Aunque el convenio con el Gobierno recientemente firmado no ha hecho públicos los criterios del baremo, en las duras negociaciones éste era uno de los puntos más discutidos.
Pongamos que el Gobierno partía de una propuesta de máximos que superaba con mucho las indemnizaciones de la jurisprudencia y las del PRIVA. Como ejemplo, pensemos que el Gobierno proponía superar con mucho las de los condenados de la manada.
Al final, las indemnizaciones que propondrá la Comisión del Defensor del Pueblo, ¿estarán equiparadas a las del PRIVA? Sería lo lógico. Si no es así, es que son superiores, algo superiores, muy superiores, o descabelladas.
Además, ¿cómo quedan los miembros de la Comisión del PRIVA? ¿Van a subordinar su trabajo a lo que diga el Defensor del Pueblo y los suyos? ¿De verdad? ¿Van a aceptar lo que le Estado le dicte a la Iglesia? ¿Hace falta que dé nombres y ponga ejemplos?
¿Harán los obispos españoles algo parecido a lo que han hecho sus hermanos portugueses? Porque, no lo olvidemos, los que tienen que pagar son los obispos y superiores mayores, no el Defensor del Pueblo.
Añado más. Cuando escribo estas líneas, leo en el diario “El País” que en la reunión de ayer de Bolaños con las asociaciones de víctimas, el ministro dice que tiene estudiadas medidas coercitivas, que ya han estudiado contra la Iglesia, por si ésta no cumpliera el convenio. Y añade la crónica la referencia de Bolaños al 0,7%.
Hasta aquí hemos llegado. ¿Está Bolaños amenazando a los obispos?
Por cierto, la semana pasada, está en Linkedin, el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense, Rafael Palomino, escribió el siguiente post en esa red a partir de la noticia de la firma del convenio entre la CEE y el Gobierno, “linkeando” la noticia según la publicó “omnesmag.com”:
He aquí el texto, que estremece:
“Esto que se firmó ayer es una aberración que provoca el desconcierto y el rechazo de todo aquel que conozca un poco el Estado de Derecho, el Derecho administrativo, las funciones propias del Defensor del Pueblo y las funciones específicas asignadas por el Derecho canónico a la Conferencia Episcopal Española. Con la apariencia de atender a un gravísimo problema social, que se focaliza como culpable exclusivamente en la Iglesia católica en España, se procede de forma contraria a Derecho para llegar a una solución normativamente deficiente que allana el terreno a la decisión unilateral del Estado sin posible recurso alguno”.
Sin comentarios.
José Francisco Serrano Oceja