Iglesia-Estado
El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre deja en el aire varios asuntos relacionados con la Iglesia que estaban pendientes de desarrollo o tramitación.
07/10/26 | Javier Arias
El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre deja en el aire varios asuntos relacionados con la Iglesia que estaban pendientes de desarrollo o tramitación.
- Sumar quería sacar la Religión del horario lectivo
- El Valle de los Caídos sigue pendiente del nuevo marco jurídico
- La renovación del Defensor del Pueblo coincide con el adelanto electoral
- El sistema de reparación a víctimas encara su primer año de vigencia
Momento de la firma del protocolo entre monseñor Luis Argüello,
Ángel Gabilondo, Félix Bolaños y Jesús Antonio Díaz Sariego
La disolución del Congreso y del Senado supone que las iniciativas legislativas que se encontraban en trámite decaen, mientras que otros asuntos que dependen del Gobierno o de las propias Cortes tendrán que esperar a la constitución de las nuevas Cámaras o al próximo Ejecutivo.
Entre ellos figuran la reforma del régimen del Valle de los Caídos, una iniciativa de Sumar para sacar la Religión confesional del horario lectivo obligatorio, la renovación del Defensor del Pueblo, cuyo mandato de cinco años expira en noviembre, y la continuidad del sistema de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, cuya vigencia está prevista inicialmente hasta abril de 2027 y que puede ser prorrogada.
Sumar quería sacar la Religión del horario lectivo
Uno de los asuntos que queda directamente afectado por la disolución de las Cortes es la tramitación del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica de Educación y otras normas educativas, que se encontraba en la Comisión de Educación del Congreso. El proyecto había superado el debate de totalidad y se encontraba en fase de informe cuando se produjo la disolución de las Cámaras.
En ese procedimiento, y algo que ha pasado totalmente desapercibido, es que Sumar registró el 16 de septiembre la enmienda número 60, publicada posteriormente por el Congreso, que proponía introducir una nueva disposición final denominada «Aconfesionalidad en Escuelas».
El texto planteaba que el Gobierno aprobara, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, un real decreto para establecer que la asignatura de Religión confesional, tanto católica como de otras confesiones, se impartiera fuera del horario lectivo obligatorio en todas las etapas educativas, tanto en centros públicos como en centros privados sostenidos con fondos públicos.
La misma enmienda proponía elaborar en el plazo de un año un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo español, con un análisis del grado de aconfesionalidad de la enseñanza y del impacto de la actual configuración de las redes pública y concertada en la segregación escolar. Al haber decaído las iniciativas legislativas en tramitación con la disolución de las Cámaras, esta propuesta de Sumar tendrá que volver a plantearse en la nueva legislatura si sus promotores quieren recuperarla.
El Valle de los Caídos sigue pendiente del nuevo marco jurídico
Otro de los asuntos pendientes es el futuro del Valle de los Caídos. La Ley de Memoria Democrática de 2022 estableció que el recinto debía contar con un nuevo marco jurídico mediante real decreto, que determinase su organización, funcionamiento y régimen patrimonial. La misma norma declaró extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos cuando entrase en vigor ese real decreto.
El Gobierno creó en 2024 una Comisión Interministerial para la resignificación del Valle de los Caídos, entre cuyas funciones figura precisamente impulsar la elaboración de ese real decreto. Hasta su aprobación, la propia ley establece un régimen transitorio para la gestión del recinto.
La convocatoria electoral no supone que ese real decreto decaiga como ocurriría con una iniciativa parlamentaria, pero sí deja el asunto pendiente para el próximo Gobierno que tendrá que decidir si continúa, modifica o paraliza por completo el polémico proceso de resignificación.
La renovación del Defensor del Pueblo coincide con el adelanto electoral
La disolución de las Cortes llega además cuando está próxima la renovación del Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo fue elegido por el Congreso y el Senado en noviembre de 2021 para un mandato de cinco años. La ley establece precisamente esa duración para el titular de la institución.
Su mandato expira, por tanto, en noviembre de 2026, justo durante el periodo electoral. La elección del nuevo Defensor corresponde a las Cortes Generales y requiere mayorías de 3/5, por lo que la renovación tendrá que quedar pendiente hasta que se constituyan las nuevas Cámaras. Esto tiene además una particular relevancia para la Iglesia, ya que el Defensor del Pueblo es uno de los protagonistas del sistema mixto de reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.
El sistema de reparación a víctimas encara su primer año de vigencia
El adelanto electoral también introduce incertidumbre sobre la continuidad del sistema acordado entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.
En este punto, conviene precisar las fechas: el acuerdo se firmó en enero de 2026 y el protocolo que puso en marcha el nuevo sistema se firmó el 30 de marzo. El mecanismo comenzó a funcionar el 15 de abril y su vigencia quedó fijada en un año, prorrogable por otro año más.
El sistema implica al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Defensor del Pueblo, a la CEE y a CONFER, además de una Comisión Mixta en la que también están representadas asociaciones de víctimas. La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo se encarga de la evaluación individualizada de las solicitudes de reparación.
De esta manera, abril de 2027 será una fecha clave para decidir la continuidad del mecanismo, ya que entonces finalizará su primer periodo de vigencia si no se acuerda su prórroga. Para entonces habrá un nuevo Parlamento y previsiblemente un nuevo Gobierno o, al menos, un Ejecutivo surgido del proceso electoral, que tendrá que afrontar el futuro de un sistema cuya continuidad está expresamente prevista en el protocolo.
