Cartas al Director
El desguace de España
Ladrillo a ladrillo
"Por funestas que puedan ser las consecuencias de una ley sancionada por el Parlamento, nadie carga con la responsabilidad, ni a nadie es posible exigirle cuentas"
César Valdeolmillos Alonso | 26.11.2022
Excúsenme si para expresar gráficamente lo que está ocurriendo en España, acudo a una de las imágenes, que entre los recuerdos de mi niñez, tengo grabadas.
El calendario debería mostrarnos la España de la postguerra. Más o menos, mediada la década de los años cuarenta del siglo pasado. La España paupérrima, que tras una conflagración entre hermanos, heredamos millones de españoles. Una España aislada del mundo, rota, destruida, hambrienta, sin recursos de ninguna clase, una España que tendríamos que ir reconstruyendo entre todos con nuestro sudor, nuestros sacrificios, nuestras privaciones, nuestras renuncias, nuestro trabajo, día a día, paso a paso, minuto a minuto. Porque solo así se reconstruye un país.
Recuerdo como un día, una escuálida cuadrilla de obreros, con el torso desnudo, pantalones remendados, y para resguardarse del tórrido sol del verano, un pañuelo con cuatro nudos cubriéndoles la cabeza, comenzaron a demoler el edificio contiguo a aquel en el que yo vivía, lo que me permitía el que me pasara muchos ratos contemplando como aquello que un día se construyó con empeño, los obreros, manualmente, poco a poco, lo iban despojando de todo lo que un día lo hizo acogedor y habitable. Lentamente pero sin pausa, le fueron desposeyendo de las vestiduras que le adornaban, hasta dejarlo en la cruda y descarnada realidad de su esqueleto. Los ladrillos de los tabiques y los marcos de las puertas.
Eran años aquellos en los que España carecía de las más elementales materias primas. Los ladrillos y los marcos de las puertas de aquel edificio, eran materiales valiosos que los obreros desacoplaban con meticuloso cuidado. Cada pieza extraída de su lugar, era sometida a una metódica limpieza con la piqueta, para desprender el yeso adherido a la misma, ya que habría de servir para la construcción de un nuevo inmueble.
Como se puede apreciar, se trataba de un proceso prolijo que confería una monótona lentitud al proyecto. Contemplado diariamente, ofrecía una imagen habitual, estable y permanente. Diríase que la labor que cotidianamente llevaban a cabo los operarios de la obra, era prácticamente inapreciable en el devenir del plan establecido.
Sin embargo llegó un día, en el que, con impensada sorpresa, el espectador dejó de ver todo aquello que sus ojos habían contemplado durante mucho tiempo. Los ladrillos, los marcos de las puertas, los obreros: todo había desaparecido. Su lugar, había sido sustituido por la ausencia de todo; la nada; el vacío.
En esencia, un proceso muy similar al narrado, es el que se está produciendo en España, con acciones aparentemente aisladas e inconexas, por razones de pura supervivencia personal en el poder. El Gobierno del presidente Sánchez ha iniciado una peligrosa deriva, cuya consecuencia es el desmantelamiento del Estado de Derecho que asegura el imperio de la Ley, y la Ley es la única garantía que tenemos los españoles de mantener una convivencia pacífica y respetuosa, dentro del marco de la Constitución que nos dimos a nosotros mismos.
Esta deriva se inició con la imposición del presidente Sánchez de la co-gobernanza autonómica. Un modelo descentralizador que hace que los ciudadanos de una misma nación estemos sujetos a diferentes obligaciones y derechos en función de la Comunidad autónoma en la que habitemos. De facto ello rompe la unidad nacional y nos convierte en 17 pequeños estados con los graves resultados que de la nueva situación se derivan, tales como la desigualdad social, económica y política, la inseguridad jurídica, y sobre todo, tal y como lo estamos constatando cada día, un insólito debilitamiento diplomático que como país, nos sitúa en la práctica ignorancia en el concierto internacional.
Esto es lo que el PSOE ha preconizado siempre: una España confederal, plurinacional y plurilingüe que acabaría con más de 500 años de unidad y de historia. Enmascaradamente, a paso lento pero sin pausa, estamos dando sepultura al espíritu de la transición, vaciando de contenido la Constitución, y poniendo los cimientos, para en su momento, proclamar la III República.
La izquierda, amparada en el principio de que los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que radica en el pueblo, ha detestado siempre la separación de poderes. De ahí que en cuanto el PSOE ganó sus primeras elecciones en 1983, se apresurara a eliminar a Montesquieu, modificando el procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, pretendiendo así que la Justicia, pasase a depender de la voluntad política.
Esta maniobra escondía el propósito de que el poder ejecutivo, además de poder ser inmune ante cualquier violación de la Ley, ejerciera un dominio omnímodo sobre la sociedad, con lo que el gobierno, al ejercer un predominio sobre uno de los valores fundamentales en los que se basa nuestra Constitución, corría el riesgo de dejar de ser un Estado democrático de derecho.
Así las cosas, la Constitución pasaría a ser un papel mojado en manos de unos magistrados, que supuestamente estarían al servicio del poder político que los había nombrado, y unos gobernantes invulnerables ante delitos probados y sentenciados. Casos notorios pueden ser, el de sedición cometido en Cataluña el 1 de Octubre de 2017, o el de los eres, consumado durante muchos años en Andalucía.
Pero cuando la política intenta manipular a la Justicia, y esta se dedica a hacer política, deja de ser Justicia para convertirse en arbitrariedad. La Justicia se basa en la independencia de los jueces, la inmovilidad de los mismos, su inherente sentido de responsabilidad, y en su obligado sometimiento al imperio de la Ley.
Hace muchos años, que ladrillo a ladrillo, los españoles estamos asistiendo a la demolición del edificio del Estado.
La visión cesarista de Felipe González, le llevó a poner de rodillas a España, haciendo cesiones humillantes y extremadamente onerosas para los intereses nacionales, con tal de ser recordado como el hombre que por fin lograra el que fuésemos admitidos en el club de los mercaderes: la entonces Comunidad Económica Europea. El vasallaje que hubimos de aceptar —no impuesto a ningún otro país miembro— fue el desmantelamiento de los pilares más importantes de nuestra economía: la industria pesada, la pesca y la producción láctea. De nuestra sumisión, naturalmente se beneficiaron los países miembros que en esas materias competían con España, y a quien ahora les compramos lo que nosotros destruimos. Y prescindir de nuestra riqueza, se mire por donde se mire, es desnudar, empobrecer, entregar al Estado.
En el Palacio Real, el 12 de junio de 1985, comenzó el desguace de España.
El desarme del Estado continuó por causa de su incomparecencia en Cataluña, dejando que —el ya no honorable Jordi Pujol— pusiese los cimientos de todo lo que desde que él asumió el poder, viene sucediendo en esa parte del suelo español. Impunemente y de forma constante, su Parlamento autonómico, se declara en constante rebeldía ante la ley, desobedeciendo las sentencias y legislando contra los principios constitucionales para erradicar el español —la lengua común de todos los españoles— de la vida diaria, y evitar que sea conocido por las futuras generaciones.
Si el Gobierno hace como que no te entera, y no pone freno a las provocaciones y desplantes de una comunidad autónoma, esta se irá envalentonando más cada día, hasta llegar a plantarle cara, como ocurrió el 1 de octubre de 2017.
Pero si además, ante un golpe de Estado como el del 1-O, el Gobierno pacta con quienes lo perpetraron y utiliza todos los recursos a su alcance para evitar que quienes fueron juzgados y condenados por delitos cometidos contra el Estado, salgan indemnes, ese Gobierno está traicionando la promesa que hizo de observar y defender la Constitución.
Eso es lo que significa la eliminación del delito de sedición en el Código Penal. Quienes ayer se rebelaron contra nuestro orden constitucional, no han cambiado de idea. Es más: se reafirman en su propósito, y amenazadoramente, afirman que lo volverán a intentar.
Y si a los independentistas catalanes les sale gratis dar un golpe de Estado, ¿Qué razón habrá para que mañana no lo intenten los independentistas vascos o gallegos?
Por su parte la reforma del delito de malversación, atenuando las penas, al igual que ha ocurrido con la ley del «solo sí es sí», viene a ser una clara invitación a quienes fueron condenados por ella y a sus seguidores, a repetirla.
Muy grave es lo que se está permitiendo que ocurra en Cataluña, pero no lo es menos la infamia de lo que se está protagonizando en las vascongadas.
Calculadamente se está procediendo a la descomposición del Estado, derogando o modificando leyes, y entregando temerariamente competencias propias del mismo, precisamente a quienes quieren destruirlo, y que serán muy difíciles de recuperar. La entrega de estas competencias a las mal llamadas nacionalidades históricas, supone de facto, la creación de distintos estados paralelos.
La izquierda es experta en estas estrategias. Lo primero es hacerse o deshacer aquellas instituciones que pueden suponer un obstáculo para sus propósitos, como los medios de comunicación para eliminar todo tipo de crítica y convertirlos en altavoces propagandísticos de sus falsos argumentos; la Justicia, para que ampare y legalice lo que a todas luces resulte injustificable; el Tribunal de cuentas, cuya misión es fiscalizar la gestión económica del Estado; la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya misión es ejercer la supervisión e inspección de los mercados de valores en España ,o la Guardia Civil, institución de irrefutable prestigio y probada integridad, cuya divisa es la dignidad y el sentido del honor, valores incompatibles con las maniobras y componendas políticas. No creo que sea menester detallar las reiteradas y continuas estratagemas que el Gobierno ha llevado a cabo para hacerse con el control absoluto de estas y otras instituciones y utilizarlas a conveniencia de sus campañas de propaganda.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo 149.1.6 que el Estado, entre otras materias, tiene competencia exclusiva en legislación penitenciaria, sin embargo, los Estatutos de Autonomía de Cataluña, País Vasco, Navarra y Andalucía, contemplan dicha asunción de competencias, con las graves consecuencias que de ello pueden derivarse en el caso de deslealtad institucional, como hemos visto recientemente en Cataluña y Vascongadas, al conceder el tercer grado penitenciario a condenados que sin reunir las condiciones para gozar de este beneficio, respondían a los intereses políticos de los Gobiernos de dichas comunidades autónomas.
Pedro Sánchez y no otro, está desguazando el Estado frente a los separatistas vascos y catalanes retirando poco a poco de sus territorios a la Guardia Civil y Policía Nacional; frente a los narcos del Estrecho, retirando a la unidad de élite, la brigada de Estupefacientes de Algeciras, o frente a Marruecos poniéndole en bandeja el Sahara y pagándole millones de euros para que no permita que los inmigrantes ilegales violen nuestras fronteras. En vez de poner todos los medios para defender nuestra propia casa, se le paga a quien aspira a ocuparla para que la guarde y la defienda. Metemos al zorro en el corral a que guarde las gallinas.
Pedro Sánchez, y no otro, nos ha sumergido en un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país, capitulando desvergonzadamente ante las desenfrenadas demandas de los enemigos de España.
Nos estamos suicidando y la oposición enzarzada en una pelea sobre si los que están hundiendo el país, son galgos o podencos.
César Valdeolmillos Alonso