Cartas al Director
Cuando al adversario se le convierte en enemigo
España vuelve a transitar el terreno peligroso de la deslegitimación moral del rival, un camino que nuestra propia historia ya recorrió con consecuencias trágicas.
“La violencia comienza donde acaba la palabra”
Hannah Arendt
César Valdeolmillos Alonso | 16.03.2026
Hay un momento especialmente delicado en toda democracia: aquel en que el adversario político deja de ser considerado un rival legítimo y pasa a ser presentado como una amenaza para el propio sistema.
Cuando ese lenguaje se instala, la política deja de ser una pugna entre proyectos diferentes y se transforma en una confrontación moral entre supuestos defensores de la democracia y presuntos enemigos de ella.
España conoce ese fenómeno desde hace demasiado tiempo. Y, precisamente por conocerlo, debería temerlo más que nadie.
Primero fueron las elecciones en Extremadura, después en Aragón y ahora en Castilla y León. Quizá lo que reclama la actualidad sea comentar el resultado de la consulta a castellanos y leoneses, pero permítanme que en esta ocasión no me ajuste a la ortodoxia marcada por la actualidad y fije mi atención en un aspecto, que al margen de los guarismos, me parece profundamente preocupante: el verdadero significado del lenguaje que se viene utilizando en la controversia política.
El aviso de la historia
La historia política española ofrece suficientes advertencias sobre el peligro de ese lenguaje.
Hace casi noventa años, el 1 de julio de 1936, en una de las últimas sesiones de las Cortes de la Segunda República antes de la Guerra Civil, se produjo un episodio que ilustra hasta qué punto puede degradarse el clima político.
Durante un debate extremadamente tenso, el diputado socialista Ángel Galarza dirigió al líder de la oposición monárquica José Calvo Sotelo unas palabras de tal gravedad que el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, intervino de inmediato declarando:
“Las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado no pueden ser admitidas por la Presidencia.”
Por la gravedad de la intervención del diputado socialista, ordenó que aquellas palabras no quedaran recogidas en el Diario de Sesiones.
El alcance de aquel incidente parlamentario solo puede comprenderse recordando lo que sucedió pocos días después.
En la madrugada del 13 de julio de 1936, apenas doce días más tarde, José Calvo Sotelo fue secuestrado en su domicilio y asesinado en Madrid.
Aquel crimen conmocionó profundamente a la sociedad española y se convirtió en uno de los símbolos más perturbadores del deterioro institucional que precedió al estallido de la Guerra Civil.
Las democracias no suelen derrumbarse de un día para otro; empiezan a erosionarse cuando el adversario deja de ser reconocido como interlocutor legítimo.
Precisamente por eso conviene no olvidar episodios como el relatado: recuerdan hasta qué punto la degradación del lenguaje político puede acabar arrastrando a una sociedad hacia consecuencias que nunca deben producirse.
El pacto que quiso cerrar esa historia
Tras la guerra civil y la larga dictadura, España alcanzó uno de los acuerdos políticos más importantes de su historia contemporánea: la Constitución de 1978.
No fue un simple texto jurídico.
Fue, sobre todo, un acto de perdón mutuo entre hermanos para no volver a recorrer el camino que había conducido a la tragedia fratricida que desgarró a España. Quienes en 1978 se dieron aquel abrazo reconciliador habían padecido en carne propia las consecuencias; por eso su abrazo tenía la autenticidad del que sabe lo que perdona y lo que es perdonado.
Fue, ciertamente, un perdón imperfecto. Lo fue porque toda reconciliación entre quienes han sangrado lleva consigo renuncias, silencios y heridas que no terminan de cerrar del todo. Hubo víctimas que sintieron que su dolor quedaba sin reconocimiento, y memorias que se vieron obligadas al olvido para hacer posible la convivencia. Pero acaso la grandeza de aquel pacto resida precisamente en eso: en que, siendo imperfecto, siendo humano, fue capaz de fundar el periodo de paz y libertad más largo de nuestra historia. Porque los españoles de entonces entendieron algo que los de hoy haríamos bien en no olvidar: que la paz no exige santidad, sino generosidad; no pide olvido, sino renuncia a la venganza.
En aquel gesto de reconciliación el pueblo español dijo, en realidad, algo muy sencillo y muy profundo: ¡Nunca más!
La Constitución, al ser aprobada en referéndum por una mayoría abrumadora de los ciudadanos, implicaba algo esencial: ninguna fuerza política podía arrogarse el monopolio de la legitimidad democrática.
Esa legitimidad pertenece al conjunto del pueblo español, que fue quien ratificó aquel acuerdo histórico.
La democracia nacida entonces se construyó sobre una idea decisiva: la soberanía reside en el pueblo, y su veredicto —expresado en las urnas— obliga por igual a todos, tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo.
Aceptar ese principio significaba algo más profundo que ganar o perder elecciones: significaba reconocer que ningún proyecto político puede situarse por encima de la voluntad soberana de los ciudadanos.
Las recaídas de la política española
La vida pública española, sin embargo, no ha estado completamente libre de recaídas en la tentación de deslegitimar al adversario.
Uno de los ejemplos más conocidos se produjo en la campaña electoral de 1996, cuando el PSOE difundió el famoso vídeo del dóberman, en el que el triunfo del Partido Popular aparecía asociado a imágenes atemorizadoras y amenazantes.
El mensaje político era claro: el adversario no era simplemente una alternativa electoral, sino un peligro para el país.
El pacto del Tinell
Esa lógica alcanzó una expresión aún más explícita algunos años después.
En 2003, tras las elecciones catalanas, el llamado Pacto del Tinell, firmado por PSC, ERC e ICV para formar el gobierno tripartito de la Generalitat, incluyó una cláusula singular: los firmantes se comprometían a no establecer acuerdos de gobernabilidad con el Partido Popular y a trabajar para impedir su presencia en el Gobierno del Estado.
No se trataba solo de una discrepancia política. Era la formalización de un cordón sanitario destinado a excluir al principal adversario del trato político ordinario dentro del sistema.
Conviene, no obstante, hacer una precisión que el rigor intelectual exige: no todas las exclusiones responden a la misma naturaleza, ni todos los cordones sanitarios son idénticos. Una cosa es aislar al adversario político tradicional por el mero hecho de serlo, y otra muy distinta establecer cautelas frente a fuerzas políticas que cuestionan abiertamente principios constitucionales básicos. La diferencia no es menor, y pretender que toda exclusión es equiparable conduce a una falsa equidistancia que empobrece el debate. Dicho esto, lo que el Pacto del Tinell representó —y lo que ciertas derivas actuales reproducen— no es la cautela ante el extremismo, sino la tentación de declarar _persona non grata_ al adversario legítimo, de expulsarlo del perímetro de lo admisible. Y esa tentación, venga de donde venga, es siempre un síntoma de deterioro democrático.
La tensión como estrategia
Pocos años después, en febrero de 2008, una conversación captada tras una entrevista televisiva entre el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el periodista Iñaki Gabilondo dejó una frase que desde entonces ha sido ampliamente citada:
¾ “Yo creo que nos conviene que haya tensión.”
Más allá del contexto concreto de aquella conversación, la frase revelaba algo que en política suele permanecer implícito: la utilización consciente de la tensión como instrumento de movilización electoral.
La moralización del adversario
En los últimos años esta dinámica ha reaparecido bajo nuevas formas.
Desde su llegada al poder en 2018, Pedro Sánchez ha recurrido con frecuencia a un lenguaje político basado en la construcción de bloques morales.
En diversos discursos ha apelado a la necesidad de levantar un “muro” frente a la derecha y la extrema derecha, presentando a su gobierno como un dique de contención frente a un supuesto peligro democrático.
Ese marco discursivo ha ido acompañado de una estrategia política basada en el aislamiento del adversario y en la construcción de un relato donde una parte del sistema aparece como garante exclusivo de la democracia.
Cuando cada bando afirma ser el único defensor de la democracia, la democracia empieza a quedarse sin defensores.
El aviso de los historiadores
El hispanista Stanley G. Payne, uno de los grandes especialistas en la historia contemporánea de España, ha señalado en varias ocasiones un rasgo que considera recurrente en nuestra cultura política.
En una entrevista llegó a afirmar:
“La izquierda española no acepta perder.”
La frase puede ser discutida o matizada. Pero apunta a una tendencia más amplia: interpretar la derrota electoral no como una alternancia normal dentro del sistema, sino como una anomalía que debe ser corregida.
Cuando esa percepción se instala, la competición democrática empieza a deteriorarse.
Mirar al futuro
La superioridad moral en política tiene una apariencia noble y un fondo profundamente corrosivo.
Quien se atribuye el monopolio de la legitimidad democrática deja de considerar al adversario como un competidor legítimo y comienza a verlo como un obstáculo que debe ser neutralizado.
Una democracia puede soportar discrepancias profundas. Lo que le resulta mucho más difícil soportar es la idea de que una parte de los ciudadanos que votan a opciones políticas a las que después se declara ilegítimas representa, por ese solo hecho, una amenaza para el sistema. Porque cuando una fuerza política se arroga esa condición de intérprete único de la voluntad popular, cuando declara a sus adversarios no simplemente equivocados, sino ilegítimos, cuando divide el mapa electoral en “nosotros, los defensores de la democracia” y “ellos, los enemigos del sistema”, está cavando la fosa de la convivencia con sus propias manos.
Conviene, no obstante, una precisión necesaria: esto no implica abdicar de la firmeza ante quienes cuestionan los fundamentos mismos de la Constitución. Defender el marco de convivencia no es incompatible con reconocer la legitimidad de quien aspira a gobernar desde otro proyecto dentro de él. El problema comienza cuando la descalificación del adversario deja de ser coyuntural y se convierte en estructural; cuando el rival político deja de ser un competidor para transformarse en un enemigo al que hay que neutralizar; cuando, en fin, una parte del arco parlamentario se erige en único intérprete autorizado y declara a la otra extramuros del sistema.
España conoce demasiado bien las consecuencias de olvidar esa lección. Las sociedades no se rompen de un día para otro: se van agrietando lentamente cuando el lenguaje político empieza a dividir a los ciudadanos entre quienes encarnan el bien democrático y quienes supuestamente lo amenazan. Porque cuando el adversario se convierte en enemigo, la palabra se apaga. Y cuando la palabra se apaga, como advirtió Hannah Arendt, solo queda el silencio que precede a la violencia.
Aquel abrazo imperfecto de 1978 nos enseñó que la grandeza de un pueblo no se mide por su capacidad para dividirse entre buenos y malos, sino por su coraje para sentarse a dialogar precisamente con aquellos de quienes más le separa. Los españoles que sellaron aquel pacto no eran santos; eran hombres y mujeres con heridas, con rencores, con memorias difíciles de sobrellevar. Pero tuvieron la grandeza de anteponer el futuro de sus hijos al ajuste de cuentas con su pasado.
Profanar ese legado no es solo un error político, ni una mera torpeza estratégica. Es, sencillamente, una vergüenza moral. Porque cuando se pisotea el perdón de quienes sí tenían razones para no olvidar, no se está haciendo justicia: se está matando dos veces a los mismos muertos. Y un país que mata dos veces a sus muertos acaba, tarde o temprano, muriendo también él en su ceguera.
César Valdeolmillos Alonso