Ley de Protección de Datos para que te llamen al móvil sin cesar
Miguel del Río | 17.10.2022
Literalmente, nos acosan en casa o en el móvil, andando por la calle, con todo tipo de llamadas comerciales que cada día nos enfadan más, aunque no hacemos nada al respecto. Puede que incluso muchos ciudadanos desconozcan que en España existe una Ley de Protección de Datos, cuyo desarrollo y ejecución deja mucho que desear, a tenor de lo que padecemos los usuarios. Poner, ponen multas, pero quizás vaya siendo hora de subir el listón, y dar un escarmiento en condiciones, antes de que el actual escenario de invasión diaria en la vida privada de las personas, vaya a peor, debido a la crisis económica y hacer ofertas de todo.
El 30 de diciembre de 2021 se publicaba en los principales periódicos de España que las operadoras de telefonía más importantes habían pactado un nuevo código de conducta. Se desprendía del mismo queno se podía realizar a ninguna casa, o a un móvil, una llamada comercial, antes de las 9.00 horas o después de las 21.00, entre las 15.00 y 16.00 horas, y los fines de semana. ¡Papel mojado! La realidad es que, empresas de lo más diverso, nos molestan a diario, y a todas horas. Sé que me creerán a pies juntillas si les revelo que la hora de comer es cuando números desconocidos más hacen sonar mi móvil, o el de otro familiar o amigo con el que esté en ese momento en la mesa. Aquella España educada en la que, a la hora del almuerzo o después de las diez de la noche, no se molestaba a nadie por teléfono, pasó a la historia hace mucho tiempo.
Desde el año 2018 contamos en España con una Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, pero parece que, desde su aprobación a nuestros días, solo estamos calentando motores en cuanto a su cumplimiento, ya que es imposible que los ciudadanos estemos más indefensos ante el acoso diario al que nos someten al móvil, para vendernos todo tipo de cuestiones. La pregunta la he oído muchas veces en mi propia casa, escuchándosela a algún familiar: “¿Quién le ha dado a usted mi teléfono particular?”. Al otro lado no hay respuesta, ya que en enseguida te cuelgan para no tener que dar explicaciones sobre por qué hacen lo que no pueden hacer. En realidad, con el denominado spam telefónico no se necesita tener en concreto tu número, aunque el traspaso de información de clientes entre empresas es algo a lo que hay que dar otra vuelta legal en este país, por su mala utilización.
He empezado por el móvil y el teléfono fijo de casa, pero puedo seguir con el correo electrónico, el wasap, el SMS o las grabaciones de video y audio que no se pueden hacer, y que luego irresponsablemente, con toda impunidad, son reproducidas en alguna red social. De esta manera, cuando de base no se cumplen las reglas que nuestros representantes políticos aprueban, nos encontramos con otros problemas de mucho mayor calado y preocupación, como son el acoso, el buylling escolar o la utilización retorcida de fotos, que son literalmente robadas a las personas que aparecen en ellas, y a las que nadie ha pedido permiso para que su imagen sea malamente utilizada.
Como quiera que muchas de estas molestas llamadas provienen de grandes multinacionales, caso de las aseguradoras, operadoras de telefonía y energéticas, cabe hacerse la pregunta sobre si se sienten amparadas a la hora de incumplir tan manifiestamente las reglas. Quienes pueden y deben hacerlas cumplir son el Gobierno, sus ministerios, y las diferentes administraciones, tuteladoras como son de tan gigantesca base de datos personales de la ciudadanía.
Como sucede en la actualidad con otros tantos temas de gran relevancia y trascendencia, la queja y la protesta parecen cautivas, no se sabe muy bien de qué o de quién. Sencillamente, la gente calla y aguanta lo que le echen. No se ha visto cosa igual en este país. La inflación disparada, los precios de los alimentos en aumento constante, las energías se han convertido en inalcanzables, la crisis económica es más que patente, y, como consecuencia, nos llaman a casa a todas horas, para vendernos lo que sea. Permitimos todo, y esa es la gran protección que tienen las entidades y empresas que incumplen la Ley de Protección de Datos.
Pasamos de todo, hasta que el drama llama directamente a nuestras puertas. Pero entonces ya es demasiado tarde. Es evidente que la democracia se resiente por nuestra actitud pasiva. Si hacen por nosotros, si piensan por nosotros, si actúan mal y nada hay que decir al respecto, algo va rematadamente mal en este país, empezando por el respeto a la intimidad de los demás. Uno busca en Internet cómo protegerse de tanto atropello, pero es que es mi propio Estado el que me debe dar garantías de que todo lo concerniente a mi persona, que custodia, está asegurado. ¿Hoy se puede afirmar esto de manera rotunda? Francamente, no. Luego están todos los fraudes que se están produciendo en España, vía móvil y correo electrónico. Van en aumento. Y el por qué hay que buscarlo también en que los impulsores de la mentira, el engaño, el fraude y el robo, ven una sociedad demasiado fácil para llevar a cabo sus chorizadas.
Por supuesto que la Agencia de Protección de Datos pone multas al cabo del año, principalmente a grades firmas, por incumplimientos en todo lo que hablamos. ¿Pero, saben lo que pasa? Que para determinadas compañías son cantidades asumibles: un millón, tres, cinco, diez. La última empresa en ser sancionada por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea ha sido la propia WatsApp. Las autoridades irlandesas la han condenado a pagar 225 millones de euros por violar la privacidad de los usuarios. Pues eso, aquí, a tomar buena nota.
Miguel del Río