Sin vivienda ni alquiler en un laberinto que no muestra salidas
Miguel del Río | 05.10.2026
En el glosario inmobiliario de España se incluyen términos como Maricarmen, pequeños propietarios, decretos retorcidos y fallidos, desahucios, okupas, fondos buitre, pisos turísticos y, por supuesto, lo prohibitivo de comprar o alquilar piso. Como resultado, el hartazgo y desconfianza general está ahí. El Gobierno plantea medidas, muchas de ellas repetitivas e incumplidas. En lo de la vivienda hay cuestiones que chirrían. La principal es que el Estado ha dejado de ser gran promotor de viviendas sociales sin saberse el porqué. Otra es que no creo que desde el poder alguien se atreva a repetir que los jóvenes no pueden aspirar a casa.
En 2025 hubo en España 25.540 desahucios invisibles, pero ha sido uno muy mediático, el de Maricarmen Abascal, de 87 años, el que ha despertado finalmente a muchos ciudadanos, que muestran su indignación ante lo que está ocurriendo en nuestro país con la vivienda y el gran privilegio, al alcance de unos pocos, que supone llegar a tenerla, conservarla, e incluso alquilarla. La protesta en la calle y la cercanía de elecciones ha llevado al Gobierno a plantear nuevas medidas, que prometían paliar el problema, y eran más bien un nuevo parche frente a lo que realmente deben hacer las Administraciones: promover en el tiempo suficientes viviendas sociales al alcance de las personas y los sueldos que cobran.
Los decretos de vivienda finalmente rechazados por el Congreso incluían congelación de la actualización de alquileres en el 2%, prorrogar dos años contratos que acaben en 2028, prohibir determinadas compras por parte de fondos buitre, protección contra desahucios, regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios a cambio de que rebajen más el alquiler, bonificaciones a inquilinos con rentas bajas, así como ayuda a la hipoteca y gravar con un 10% de IVA a los pisos turísticos.
Ante estas medidas rechazadas, muchos lectores puede que no recuerden que el Congreso aprobó en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda. Establecía limitar y congelar los precios en el alquiler, impulsar la creación de vivienda protegida, reglas frente a desahucios, que en una década han pasado del 53 al 75%, sobre todo relacionados con alquileres, e incentivos fiscales para propietarios. Es decir, aquella ley, no desarrollada, tiene muchas similitudes con los dos decretos rechazados en el Congreso el 2 de octubre del presente año. Hay que ser serios.
Las acampadas en ciudades (Puerta del Sol en Madrid es la principal) son contestadas con decretos que hubieran resultado meros parches para el momento que no deja ya de ser de elecciones a la vista. Y digo lo de parche, porque lo de la vivienda se soluciona construyéndolas, y que sean las Administraciones las que las impulsen, aportando suelo, generando facilidades y rapidez, y supervisando una economía que al trabajador le permita recibir un sueldo digno, ahorrar, meterse en una hipoteca y habitar una vivienda, como antes hicieron sus padres y abuelos.
El 31 de marzo de este mismo año escribí aquí un artículo titulado “Imposible alquilar y comprar piso y de remate los fondos buitre”. Relaté los hechos: “Todos los anuncios oficiales que se hacen sobre construir más y dar salida a la abundante demanda habitacional no se cumplen. Escasean en todas partes los proyectos para edificar. Mayormente se levantan lujosas promociones para clientes con recursos económicos. Y aquí radica la gran discriminación. Por si fuera poco, los fondos de inversión han hecho su aparición”. Y anuncié: “La falta de casas se percibe como el asunto número uno de queja social”.
Entre leyes y decretos, hay una cuestión que me ha venido rechinando, ya que me parecía impulsada desde el propio Gobierno y sus canales y tertulianos preferidos para informar. Se trata de mantener la tesis de que las nuevas generaciones no pueden aspirar a tener casa. Pero se han pasado de listos con todo lo relacionado con la vivienda. Jóvenes y mayores no pueden adquirir nada. Tampoco hipotecarse. El precio de los pisos es estratosférico. Ni siquiera les llega para alquilar. Lo único que se les ofrece es vivir hacinados con otros inquilinos.
Pasemos al pequeño propietario, que ha sido el auténtico detonante del fracaso de los decretos. A los fondos buitre, ¡que les den! Pero en este país, con políticas impulsadas por anteriores gobiernos, se alentaba comprar otra casita, para asegurarse el día de mañana la jubilación. Ahora solo faltaría que un día les quiten directamente la propiedad, porque se les ningunea con precio, tiempo de alquiler e incluso indemnizar al inquilino. Satisfacer a todos no es posible, y en España el equilibrio de las cosas está roto. No puedes favorecer a okupas y al tiempo poner las cosas tan difíciles a los pequeños propietarios, porque se genera desconfianza e inseguridad jurídica, que es lo peor que le puede pasar a una economía.
Los decretos de la vivienda ahondaban en esa desconfianza. Incluso antes de debatirse se empezaron a retirarse alquileres, temerosos los propietarios de lo que les venía. Y quedan los famosos pisos turísticos. Los han permitido los que luego quieren aplicar IVA, pero el mal ya está hecho. Ves todo lo que se alquila, el suculento negocio que es, y como miles de viviendas no pueden utilizarse para vivir familias, inmersas en el trajín de tanto viajero y sus maletas. Es todo un despropósito; no se podía esperar otra cosa de tanto egoísmo, negocio buitre, permisividad legal, y abandono por parte del Estado de su papel garante en la construcción de viviendas sociales. La realidad no es otra que hay cientos de miles de jóvenes y mayores sin vivienda, dentro de un laberinto en el que no se ve salida.
Miguel del Río